En 2025, Argentina podría estar frente a una de las reformas laborales más profundas de los últimos años.
El Gobierno vuelve a poner en agenda la reforma laboral 2025 y envió al Congreso un proyecto denominado Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, que busca replantear cómo se vinculan empleadores y trabajadores bajo un marco más moderno y flexible. Se apunta a promover la formalización del empleo y al mismo tiempo ofrecer nuevas herramientas legales para que las empresas se adapten de manera más eficiente.
A continuación, en Estudio Lorenzo y Asociados analizamos los aspectos más relevantes del proyecto de ley, con un enfoque práctico desde el asesoramiento jurídico:
Modernización de la jornada laboral
Uno de los cambios más resonantes tiene que ver con la jornada de trabajo.
Aunque la estructura base de ocho horas diarias y 48 semanales se mantiene, la propuesta introduce un promedio que permite pactar jornadas más largas en ciertos días, compensándolas con descansos en otros.
Eso significa que, en ciertas circunstancias, un trabajador podría superar las 8 horas en algunos días si luego se equilibra esa carga horaria. Además, habilita un “banco de horas” formal: los convenios colectivos pueden diseñar sistemas flexibles para adaptarse a los ciclos productivos de cada industria.
De este modo, la reforma pretende modernizar la organización laboral sin eliminar el control sobre el tiempo de trabajo.
Nuevos mecanismos para indemnizaciones
La reforma no elimina la indemnización por despido, propone alternativas.
Se plantea la creación de un Fondo de Cese Laboral, que sería alimentado con aportes y gestionado con criterios financieros específicos para afrontar las obligaciones derivadas de desvinculaciones.
Al mismo tiempo, las micro, pequeñas y medianas empresas podrían pagar indemnizaciones en hasta 12 cuotas, lo que facilita la planificación financiera frente a posibles demandas.
Esta opción de cuotas representa una herramienta para que las empresas mitiguen el impacto de un juicio laboral sin dejar de cumplir con sus obligaciones.
Beneficios no remunerativos y recibos más claros
Otro aspecto central de la reforma es el tratamiento de los beneficios no remunerativos, como almuerzos, útiles escolares o telefonía familiar— que siguen sin integrarse al salario en la mayoría de los casos, salvo excepciones definidas.
También se recomienda modernizar los recibos de sueldo: podrían convertirse en documentos electrónicos con información detallada sobre cada concepto, tanto de los pagos como de las deducciones.
Este nivel de transparencia tiene el potencial de mejorar el control y la claridad tanto para empleadores como para empleados.
Licencias por enfermedad y protección del puesto
En materia de licencias por enfermedad, la reforma mantiene períodos que dependen de la antigüedad del trabajador y su carga familiar.
A su vez, incorpora un mecanismo para verificar los certificados médicos cuando hay dudas, mediante la intervención de peritos designados por la Secretaría de Trabajo.
El proyecto también prevé que el empleado pueda conservar su puesto durante un año adicional cuando se agota la licencia; pasado ese plazo, podría darse la extinción de la relación laboral sin indemnización si no se reincorpora.
Incentivos para la formalización y nuevas contrataciones
Para impulsar el empleo formal, la ley contempla bonos de crédito fiscal durante los primeros 18 meses tras su sanción.
Estos incentivos dependen del tamaño de la empresa, las micro podrían recibir el 100 %, las pequeñas un 75 % y estarán condicionados a un aumento real de la nómina, evitando abusos.
La idea es alentar a las empresas a generar nuevos puestos de trabajo formales y a comprometerse con la estabilidad laboral.
Resolución de conflictos y tasas más previsibles
El proyecto define plazos concretos para impugnar sanciones disciplinarias: el trabajador tendría 30 días desde la notificación para presentar su recurso.
En cuanto a los créditos laborales, la propuesta limita los intereses a una tasa equivalente al IPC más un 3 % anual. Además, se plantean restricciones al cobro de honorarios legales en juicios laborales, como un tope para los acuerdos “cuota litis”.
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